Asesoramiento y prevención frente al acoso laboral

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Sencillez de uso
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CONFIDENCIALIDAD
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

En TREVO ANALISTAS, a través de la Plataforma ACOSOLUCIÓN prestamos un servicio externo a la empresa, atendido por profesionales altamente cualificados, en la prevención y gestión de los distintos tipos de acoso que pueden darse en el ámbito laboral. 

Nos adaptamos a las necesidades particulares, tanto si es una pyme como un autónomo, tenemos soluciones a medida de sus demandas.

ACOSOLUCIÓN Es una herramienta que la empresa pone a disposición de los trabajadores, proveedores o clientes para alertar de manera confidencial sobre cualquier ilegalidad que se haya producido en el seno de la organización.
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RAZONES POR LAS QUE SU EMPRESA DEBE CONTAR CON UN PROTOCOLO FRENTE AL ACOSO

  1. PORQUE EXISTE UNA OBLIGACIÓN LEGAL

El acoso y la violencia vulneran, según los casos, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española (art. 9.2, y 14), además, cuando se producen en el ámbito de una relación de empleo, ya sea laboral o funcionarial, vulneran el derecho al trabajo.

Las infracciones laborales por conductas de acoso y violencia en el trabajo vienen fundamentalmente marcadas por el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.2.e del E.T. en el que se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores “al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso…”

La prevención del acoso y la violencia en el trabajo encuentra un fundamento adicional en la Ley 31/1995, de P.R.L., en la medida en que dentro de su ámbito se deben entender comprendidos también los riesgos psicosociales (arts. 15 y 16).

La Ley Orgánica 3/2007 tras definir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo; considera ambos comportamientos como actos discriminatorios, obligando a las empresas a promover las condiciones de trabajo que eviten estas conductas y a arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo (art. 48).

En la misma línea, el R.D. 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro establece:

“Todas las empresas comprendidas en el art. 1.2 del E.T., con independencia del número de personas trabajadoras en plantilla, …, deberán adoptar, previa negociación, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo”.

 

  1. PORQUE PREVIENE SANCIONES

El incumplimiento de estas obligaciones preventivas, aunque no haya conducta de acoso y violencia laborales, puede constituir una infracción laboral

La Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social califica como muy grave «el acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma» (art.8.13)

Las posibles multas económicas oscilan entre 6.251 y 187.515 euros. Además, están previstas sanciones accesorias consistentes en la pérdida automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, así como la exclusión del acceso a tales beneficios por un período de seis meses a dos años.

El Código Penal tipifica, desde 1995, el acoso sexual (artículo 184), y, desde 2010, el acoso laboral (artículo 173).

  1. PORQUE OFRECE UNA SOLUCIÓN RÁPIDA A LA VÍCTIMA

Todas las recomendaciones internacionales y europeas coinciden en afirmar, que la definición e implantación de una política contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo a través de un protocolo de actuación acordado con la representación de las personas trabajadoras, es un instrumento clave para el abordaje y tratamiento del problema.

Los protocolos deben contener procedimientos de denuncia, averiguación de hechos y toma de decisiones, que garanticen los principios de seguridad jurídica, contradicción y objetividad y lo que, sin ningún género de dudas, resulta fundamental para la víctima: su confidencialidad y su integridad.

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